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Las alertas son continuas. El Estado Mexicano va perdiendo la batalla frente al crimen organizado. Anne Milgram, directora de la DEA, compareció ante el Senado de Estados Unidos y dijo: “Creemos que México tiene que hacer más para detener el daño que está causando”. Criticó a las autoridades mexicanas porque considera que no comparten con las estadounidenses suficiente información sobre el aseguramiento de fentanilo y sus precursores. Además, denunció que el Gobierno de México no desmantela los laboratorios clandestinos de drogas y tampoco extradita a los narcotraficantes.
Hay una gran confusión gubernamental. Pareciera ser que el grave problema de la inseguridad y la delincuencia forzosamente se deriva del comercio ilegal de drogas, cuando hoy la experiencia muestra que, -para México-, son dos graves problemas independientes, que marchan de forma paralela, pero tienen repercusiones diferentes para nuestro país.
El juicio a Genaro García Luna nos puso en evidencia la colusión entre autoridades y grandes cárteles, en un negocio donde se mueven fuertes cantidades de dólares que se destinan a comprar la colaboración de funcionarios mexicanos del ámbito de la seguridad y la justicia, quienes venden protección al grupo delincuencial que les ofrezca mayor rentabilidad.
Estos funcionarios mexicanos utilizan el poder de reacción del estado, -y por tanto-, se convierten en el fiel de la balanza. Además, las acciones que estos realizaban en contra de los adversarios del grupo con el que estaban aliados, permitía generar la percepción pública de eficiencia en el combate a la delincuencia y posiblemente, esta se debiese a la participación directa de estos delincuentes tolerados, trabajando en apoyo de las autoridades.
Vemos también que por falta de planeación en el combate al narcotráfico se dio un desgaste que abrió el camino para el surgimiento de nuevos protagonistas delincuenciales.
Ante la indiferencia de los tres niveles de gobierno hemos visto crecer en los últimos tiempos este nuevo perfil de microdelincuencia, que extorsiona al ciudadano típico y le arranca su patrimonio. Así vemos como inicia con el cobro del “derecho de piso”.
Este gobierno no ha dimensionado, -que además de ser un grave delito patrimonial en contra del ciudadano-, es un freno al desarrollo de la economía nacional interna, pues impide la inversión en nuevos negocios, así como el crecimiento de los que hoy existen. Pronto esta problemática se reflejará en una disminución de la productividad de nuestro país y en el PIB.
Por ejemplo, vemos que en zonas aguacateras de Michoacán los delincuentes ponen una tasa por “cobro de piso” por cada caja de este producto de exportación, que hoy tiene gran significado en el Super Bowl. El aguacate se convierte en el guacamole, -que junto con los “nachos”-, no pueden faltar mientras se disfruta de un partido de futbol americano. Sin embargo, ante el embate del crimen organizado, hoy tienen el riesgo de sobreprecio, con gran peligro para la competitividad del producto y pérdida de mercado.
Importante para entender lo que ha sucedido en el país es analizar el contexto. Lo primero que salta a la vista es que, durante esta administración gubernamental, el Estado Mexicano perdió autoridad para combatir la delincuencia. La narrativa oficial respecto al delito se contaminó de ideología, lo cual creó una nueva cultura delincuencial que justifica moralmente el robo, el latrocinio, -e incluso la violencia-, como si fuese reivindicación social en contra de las élites que supuestamente acumulan la riqueza del país. En este ánimo colectivo el resentimiento cobra gran importancia. Sin embargo, -como ironía-, las principales víctimas de la delincuencia organizada hoy son las clases sociales de menores ingresos y gran vulnerabilidad.
Esto a su vez trae peligrosas implicaciones políticas que nos encaminan a la descomposición social que estimula el surgimiento de un perfil delincuencial más violento y sádico. El impacto económico negativo, -derivado de la falta de seguridad y el temor-, no se ha dimensionado correctamente. La extorsión y el cobro de piso están frenando la microeconomía.
Podemos concluir que el problema de la inseguridad y la delincuencia no es nuevo en nuestro país, pues es un problema heredado desde hace muchos años. Sin embargo, la forma en que hoy se desenvuelve tiene un sello propio, que es la pérdida de autoridad por parte de instituciones antes respetadas, -como las Fuerzas Armadas-, que, aunque ahora son más poderosas en número que antes, hoy son menos eficientes en el combate contra los grupos delincuenciales. Han perdido el respeto por parte de muchos sectores de la población civil, que en varias regiones las expulsa de su territorio para así proteger a grupos delincuenciales, sin que haya consecuencias judiciales.
Ha habido casos vergonzosos, -difundidos por televisión-, en que se les denigra con total impunidad. Aun así, la inacción de los altos mandos estimula la percepción pública de vulnerabilidad de estas otrora poderosas y respetadas instituciones.
Quizá este abandono de las tareas de seguridad en muchas zonas del país, en gran parte se deba a que los gobiernos locales están infiltrados por la delincuencia y por otra parte, los tomadores de decisiones del gobierno federal están focalizando su atención en temas electorales para retener el poder durante los próximos sexenios y así consolidar la Cuarta Transformación.
Otra de las circunstancias que se pueden atribuir al actual contexto político del país, -durante la gestión de este gobierno-, es la participación de la delincuencia organizada en las elecciones, -lo cual es muy preocupante-, pues nos lleva de forma directa al modelo político que se llama “narco- estado”.
El grave problema es la vulnerabilidad de nuestras instituciones frente a los caprichos de quienes gobiernan y pretenden, -de forma autoritaria-, imponer su voluntad personal.
El único camino que existe para preservar la paz social y evitar que la delincuencia organizada tome control de nuestro país, es que la sociedad civil tome el control y exija a quienes gobiernan que respeten el estado de derecho, -e incluso-, se ejerzan contra estos malos servidores públicos las acciones jurídicas necesarias si no lo hacen.
La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx
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Una de las primeras consecuencias de la polarización política es la ruptura de los vínculos simbólicos que unen a dos o más conceptos. Me explico: entre la soberanía y la globalización podría existir distancia pero no son absolutos irreconciliables; sucede igual entre industrialización y ecologismo, progreso y conservación, etcétera. En el caso mexicano actual, esta tendencia está claramente marcada en la distancia que, tanto tirios como troyanos ponen a las ideas ‘pueblo’ y ‘ciudadanía’. Así, la politización discursiva llega a radicalismos casi absurdos como suponer que si un individuo siente identificación como miembro del ‘pueblo’, no la siente como ‘ciudadano’ o viceversa.
Recupero lo anterior porque frente a la próxima manifestación social en la que se convoca a las voluntades cívicas para posicionar un mensaje ‘a favor de la democracia’; muchos de sus voceros y adláteres aplaudidores enarbolan el concepto de ‘ciudadanía’ como una contraposición absoluta frente a la categoría ‘pueblo’. Sin darse cuenta, buscan imprimir a la idea de ‘ciudadanía’ todos los elementos simbólicos positivos de la narrativa política actual: democracia, participación, tolerancia, libertad; y, por el contrario, resignifican la palabra ‘pueblo’ con valores simbólicos negativos como multitud, ignorante e interesada.
Así, cuando un ideólogo, vocero de la animadversión al régimen actual se refiere al ‘pueblo’ lo reduce a ese personaje indeterminado, sin conocimientos ni valores cívicos y sin ninguna convicción política el cual sólo busca mantener el estatus de asistencialismo instaurado por el gobierno que le beneficia; pero cuando habla de ciudadanía, refiere a otro tipo de personaje indeterminado que, con plenitud de conocimientos políticos, valores éticos y cívicos (a veces hasta morales), manifiesta su descontento contra un régimen político sólo por un alto sentido del deber y del bien común.
Evidentemente, ninguno de estos extremos es siquiera razonable y, sin embargo, cada bando tiene sus partidarios. Pero esto es de lo que hablamos cuando abordamos la polarización social y política; cuando, fuera de toda lógica, no sólo hay una gran tensión por posturas distintas (y distantes), sino cuando dicha distancia se vuelve ontológica e irremediable. Es decir, el problema no es cómo ambas posturas alimentan identidades propias y ajenas alucinantes e irreales sino que, al erigirse como referencias simbólicas absolutas, evitan el discernimiento comunitario, social e histórico.
Personalmente creo que es un error distanciar irremediablemente a la ciudadanía de la idea de pueblo o viceversa. Desde la antropología social y religiosa, por ejemplo, es donde mejor se comprende la dimensión trascendente y orgánica del ‘pueblo’. No pocas veces se ha recordado que el ‘pueblo’ tiene una categoría lógica pero esencialmente es una categoría mítica.
En conclusión, en la polarización política y social actual, la tensión simbólica creada entre ‘ciudadanía’ y ‘pueblo’ sólo podrá tener un resultado obvio: permanecerá el pueblo. Ya dijo Aristóteles que no es lo mismo ser un ciudadano en una aristocracia que en una democracia o en una oligarquía.
Director de VCNoticias.com @monroyfelipe
De alguna manera, en el concepto moderno de la democracia, se nos ha creado una especie de dogma laico: la creencia de que necesitamos de partidos políticos. Un dogma que no necesariamente ha existido siempre. En realidad, el concepto de partidos políticos es una creación de los siglos XIX y XX. Obviamente, es el resultado de la generalización de los conceptos democráticos. En las democracias primitivas no había partidos.
Al generalizarse la democracia como concepto y forma de gobierno, llegando a una convicción relativamente generalizada de que es el mejor método de administración pública, ahora la mayor parte de los países adoptan una forma democrática de gobierno. Y con ello, siguiendo el ejemplo de las principales democracias occidentales, se generan los partidos políticos. Mismos que en principio se suponía qué representaban diferentes grupos de intereses y modos de pensar, generalmente presentados cómo ideologías, entendidas como: “Conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político”.
Actualmente, en este inicio del siglo XXI, y ante el desprestigio de los distintos partidos políticos, vale la pena cuestionarnos sí efectivamente debemos de seguir considerando su existencia para que pueda existir la democracia. En muchos países y el nuestro no es la excepción, hay un desencanto generalizado de los partidos políticos. Muchos de ellos concebidos cómo negocios familiares, cómo facciones que viven del erario sin dar mayor beneficio a la Sociedad. Tan es así que algunos de los nuevos partidos ya ni siquiera quieren llamarse así y, para no cargar con el desprestigio del concepto. Prefieren llamarse Movimientos, cómo se dio en México el caso con el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) o el Movimiento Ciudadano.
Ante la decepción de la ciudadanía frente a los partidos políticos, vale la pena debatir: ¿de qué manera estas formaciones benefician a la Sociedad y en particular a la democracia como modo de gobierno? No es una pregunta ociosa. Si no encontramos una respuesta adecuada, posiblemente deberíamos de cuestionar sí tendríamos que seguir organizando a los gobiernos de esta manera. Seguramente a muchos les parecerá algo imposible. El dogma de que requerimos de partidos tiene aceptación prácticamente universal. No nos podemos imaginar fácilmente otra manera de poner a competir nuestras ideas o poder elegir de qué manera tener gobierno.
¿Qué deberíamos de esperar de los partidos políticos? Que nos ofrecieran diferentes análisis de las situaciones que afectan a la Sociedad, ofreciendo posibles soluciones, diferentes opciones para atender esos temas. Cosa que muchas veces no ocurre: cómo lo estamos viendo cuando los partidos tienen como única solución a los problemas de la Sociedad, que otros se quiten para gobernar ellos.
También esperaríamos qué educaran al electorado, dándonos una cultura política pero, sobre todo, ayudándonos a entender los problemas nacionales y el modo como se podrían resolver. En alguna medida hoy los partidos se cuidan los unos a los otros y de esa manera podrían ponerle coto a la corrupción. Lo cual no siempre ocurre: si algo hemos podido entender últimamente, es que en cierta medida esa vigilancia no ha logrado que reduzca la corrupción, sino que ha sido utilizada como un arma arrojadiza para atacar a los demás. Quisiéramos que de ellos nazcan nuevas soluciones para los grandes temas nacionales. Tristemente, estamos pasando por un larguísimo ayuno de ideas nuevas. Da la impresión de que no se les ocurre nada realmente nuevo. Aun los que presumen de ser innovadores, sólo nos están volviendo a dar un recalentado de ideas ya usadas y muchas veces fracasadas.
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